¿Cómo Denunciar Violencia Verbal En España?

Artemisia Gentileschi es una figura fascinante del Barroco, y su vida estuvo marcada por un evento traumático: el proceso judicial contra Agostino Tassi, quien la violó cuando era joven. Este hecho, documentado en los archivos históricos, muestra cómo la violencia de género afectó su vida y, posiblemente, su arte. Sus cuadros, como «Judith decapitando a Holofernes», reflejan una mirada poderosa sobre la venganza y la resistencia femenina. Hay quienes argumentan que su experiencia personal influyó en su enfoque temático, dando voz a mujeres fuertes y desafiantes. No podemos separar su obra de su biografía, pero tampoco reducirla solo a eso. Artemisia trascendió su dolor, convirtiéndose en una de las pintoras más reconocidas de su tiempo, algo poco común para una mujer en el siglo XVII.

Me llamó la atención lo claro que puede ser el camino cuando uno sabe a quién acudir: si detecto dibujos con violencia sexual, lo primero que hago es tratarlos como un asunto de seguridad pública, sobre todo si hay indicios de que involucran a menores. En España, lo más inmediato es denunciarlo ante las fuerzas de seguridad: Policía Nacional o Guardia Civil, y en las comunidades con policía autonómica también a los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza según corresponda. Si la situación parece urgente o representa peligro inmediato, marco 112; para atención policial directa puedo usar el 091 (Policía) o el 062 (Guardia Civil). Si no es una emergencia, prefiero usar los canales online: la Sede Electrónica de la Policía Nacional permite poner denuncias y adjuntar pruebas, y la Guardia Civil tiene formularios y oficinas virtuales similares. También informo a la plataforma donde aparece el contenido (red social, foro, servidor de imágenes): la mayoría tienen opciones de reportar contenido sexual o de explotación, y eso ayuda a que lo retiren mientras las fuerzas investigan. Nunca descargo ni comparto el material; lo documento con capturas que muestren URL, fecha y hora y guardo metadatos cuando es posible, porque eso facilita la investigación. Además, si hay sospecha de abuso a menores recomiendo informar a INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) y usar canales internacionales como la red INHOPE para material de abuso sexual infantil online. También considero útil avisar a alguna ONG local de protección a la infancia para orientación y apoyo. Al final, actúo con calma pero con decisión: denunciar puede frenar la difusión y ayudar a que se investigue correctamente, y esa sensación de haber hecho algo útil siempre me deja más tranquilo.

He he investigado bastante sobre esto y puedo contarte lo esencial de forma clara y sin tecnicismos. En España, la norma básica que regula la materia es el Código Penal: allí se tipifican los delitos contra la libertad sexual y, de forma muy relevante, los relativos a la pornografía infantil. El Código Penal considera punibles la producción, distribución y tenencia de material sexual que implique a menores; la jurisprudencia y la interpretación judicial han ampliado esa protección a imágenes que representen a menores en actividades sexuales, incluso cuando no se trate de fotografías reales sino de representaciones que simulan menores o que son muy realistas. Además, el ordenamiento español incorpora obligaciones derivadas de la Directiva 2011/93/UE sobre la lucha contra la explotación sexual y la pornografía infantil, que marca criterios para que los Estados miembros tipifiquen y persigan este tipo de conductas. Aparte del Código Penal están las normas sobre servicios en línea: la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI) y la normativa sobre protección de datos y seguridad en internet obligan a plataformas a retirar y colaborar contra contenidos ilegales. También existen disposiciones administrativas y protocolos policiales para denunciar y retirar material. En la práctica, cuando se trata de dibujos o animaciones con apariencia de menores, la cuestión es muy evaluada caso por caso por los tribunales, que valoran el realismo, el contexto y la posible apología o difusión; si el dibujo sexualiza a una persona que claramente parece menor, puede acarrear delito. Personalmente creo que es mejor prevenir y no compartir ni producir material sexualizado de menores, aunque sea solo en forma de dibujo, porque además del riesgo legal está el daño simbólico que conlleva.

He hemeroteca y foros, y eso me sirvió para ver que sí hay recursos accesibles para familias en España que tratan la violencia sexual en contenidos audiovisuales, incluidos los dibujos animados. En primer lugar, hay organizaciones públicas y ONG que han publicado guías y materiales dirigidos a madres, padres y cuidadores para identificar señales, prevenir riesgos y reaccionar ante situaciones de abuso o exposición a contenidos sexuales en menores. Por ejemplo, el portal «IS4K» del Instituto Nacional de Ciberseguridad contiene consejos sobre pornografía, grooming y protección online que aplican igual cuando el material aparece en dibujos o animaciones. También ONG como Save the Children y ANAR ofrecen fichas y orientaciones prácticas sobre cómo hablar con niños sobre sexualidad y cómo detectar posibles abusos. Además, proyectos como PantallasAmigas abordan cómo los menores consumen contenidos audiovisuales y qué hacer ante escenas sexualizadas o violentas en series y animación. A nivel práctico, yo suelo recomendar combinar varias cosas: usar los controles parentales de televisores y plataformas de streaming, supervisar lo que ven los niños y mantener conversaciones abiertas y adaptadas a su edad sobre el respeto del cuerpo y los límites. Si hay sospechas de abuso o de contenido inapropiado que implique explotación de menores, las entidades citadas y los servicios sociales están disponibles para orientación y denuncia. En mi experiencia, tener recursos locales a mano (teléfonos de ayuda, guías descargables y apoyo de profesionales) da mucha más tranquilidad y herramientas concretas para actuar.

Tengo la sensación de que la violencia verbal es uno de esos problemas que se normalizan sin darnos cuenta, y por eso hablo de ello con tanta ganas. Para mí la violencia verbal incluye insultos directos, humillaciones constantes, frases destinadas a controlar o minimizar a otra persona, amenazas y el gaslighting: cuando alguien te hace dudar de tu propia percepción con mentiras o manipulaciones. En España veo esto tanto en casa como en la calle, en el trabajo y en internet; es transversal y a menudo invisible, porque no deja moretones pero sí secuelas duraderas. He conocido casos en los que esa agresión verbal se convierte en un detonante para ansiedad, depresión o pérdida de confianza; la gente se retrae, cambia hábitos y a veces abandona empleos o relaciones. En colegios y universidades se nota en el bullying y el ciberacoso; en el mundo laboral aparece como microhostigamiento que deteriora el clima y aumenta el absentismo. También influye en el debate público: la agresividad verbal en redes y medios hace que ciertas voces se silencien y que se normalice la descalificación. En lo práctico, creo que reconocer las señales es clave: repetir insultos, minimizar logros, aislar o amenazar. En España hay recursos públicos y asociaciones que apoyan a las víctimas, y las leyes que protegen contra la violencia de género o el acoso pueden contemplar dinámicas verbales dentro de un conjunto de maltrato. A mí me parece que el cambio cultural—aprender a cuestionar la agresión verbal y enseñarle a la gente comunicación respetuosa—es la mejor prevención; así, poco a poco, las palabras recuperan su capacidad de construir en lugar de destruir.

El tema de la violencia verbal me ha hecho informarme bastante, porque es fácil minimizar el daño que causan las palabras y es importante saber qué herramientas legales existen en España. En primer lugar, la referencia principal es el Código Penal (texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015). Allí se recogen delitos que aplican a distintos tipos de agresiones verbales: las calumnias y las injurias (cuando se profieren acusaciones falsas o insultos que dañan el honor), las amenazas (si hay intimidación con causar un mal) y comportamientos de acoso o coacciones que, según su intensidad y contexto, pueden constituir delito. Además, hay agravantes cuando la conducta se dirige contra colectivos protegidos o se realiza por razones de odio. Paralelamente, hay normas específicas que protegen en contextos determinados. La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, integra la violencia psicológica y verbal cometida por parejas o exparejas dentro de la violencia de género, con medidas de protección y órdenes cautelares. En el ámbito laboral, el Estatuto de los Trabajadores y la normativa de prevención de riesgos laborales obligan a las empresas a prevenir el acoso y a actuar ante situaciones de hostigamiento. Finalmente, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y garantía de derechos digitales ofrece vías frente a la difusión no consentida de datos o contenidos que agraven el daño verbal. En la práctica, la persona afectada puede presentar denuncia penal, reclamar civilmente por daños morales o solicitar medidas de protección; además existen servicios de apoyo y líneas especializadas. Personalmente, pienso que conocer estas opciones ayuda a no normalizar agresiones que dejan huella.

Me preocupa mucho cómo se normaliza la violencia sexual en dibujos y las ramificaciones que eso tiene en la vida real. He leído casos y hablado con gente de distintas generaciones, y en España la primera capa de consecuencias suele ser legal: si el contenido sexualiza a menores, aunque sea en formato de dibujo o imagen generada, puede entrar en el terreno de la pornografía infantil y ser perseguible por el Código Penal. Eso implica riesgo de investigación, confiscación de material, multas y, en los supuestos más graves, penas privativas de libertad; además, la distribución deliberada suele agravar las sanciones. No es un terreno neutro, y las autoridades lo toman con mucha seriedad por la protección de menores. Desde otro ángulo, hay consecuencias sociales y profesionales que no se ven en los tribunales pero golpean igual: difusión en redes, denuncias públicas, pérdida de empleo o proyectos, y una marcada estigmatización. Las plataformas digitales tienen políticas cada vez más estrictas y algoritmos o equipos humanos que eliminan contenido, bloquean cuentas y cooperan con la justicia. A nivel comunitario, quienes crean o comparten ese tipo de imágenes pueden ver cerradas puertas en editoriales, convenciones o grupos online. Además, no hay que perder de vista el daño psicosocial: para víctimas y supervivientes, la existencia y circulación de imágenes que sexualizan la violencia puede revictimizar, normalizar conductas dañinas y contribuir a entornos menos seguros. También alimenta discursos que cosifican o trivializan el abuso. Personalmente, creo que el arte y la ficción tienen su espacio, pero la responsabilidad social y legal ante la representación de violencia sexual, especialmente cuando hay menores implicados o una clara intención de difundir, debe primar; el bienestar y la protección deben estar por delante de la polémica artística.

Recuerdo claramente una conversación que se volvió tóxica en un equipo en el que pasé una temporada, y esa experiencia me enseñó muchas cosas prácticas que ahora aplico cuando quiero prevenir la violencia verbal en el trabajo. Lo primero que hago es poner el foco en la cultura: mensajes constantes desde la dirección (o quien haga ese papel) que dejen claro que no se tolera el menosprecio, el insulto ni las humillaciones. Eso va acompañado de reglas escritas, protocolos accesibles y formación periódica sobre comunicación asertiva y gestión de conflictos. Hacer microformaciones de 30 minutos y role plays cortos funciona mejor que largos cursos teóricos: la gente lo recuerda y lo practica. Documentación y canales seguros son clave. Yo recomiendo establecer vías de denuncia anónimas, registrarlas y actuar con rapidez; la lentitud genera impunidad. También insisto en evaluar riesgos psicosociales dentro de la prevención de riesgos laborales y ofrecer apoyo a las víctimas (acceso a orientación psicológica, ajustes temporales, separación de partes si hace falta). Cuando he visto resistencia, la intervención de representantes de los trabajadores o de terceros neutrales ayuda a legitimar las medidas. Al final, mantener la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es la mejor forma de que las normas anti-violencia verbal se arraiguen y no queden en papel mojado.