¿Qué Cambios Introduce La Ley 40 En España?

He llevo muchos años fijándome en las reformas administrativas y la «Ley 40/2015» me parece una de las más importantes para ordenar cómo funcionan las instituciones en España. En esencia, la ley establece un régimen jurídico común para el sector público: define quiénes forman parte del sector público, qué tipos de entes existen y cómo se organizan y actúan entre sí. Va de lo general —qué es una administración pública, qué es un ente público instrumental, una sociedad pública o una fundación— a reglas prácticas sobre cómo se adoptan actos administrativos y normas, y cómo se distribuyen las competencias entre niveles de administración.

Uno de los cambios más visibles es la clarificación de la estructura y la organización del sector público. La ley distingue con más precisión los diferentes tipos de organismos públicos y fija reglas sobre la creación, modificación y extinción de esos entes. Esto obliga a que haya mayor transparencia en por qué se crea una entidad y bajo qué régimen jurídico opera, y también regula la delegación de competencias y la representación. Para mí, eso supuso un antes y un después: ahora hay menos zona gris sobre si una determinada actuación corresponde a un órgano concreto o a otro.

Además, «Ley 40/2015» regula la producción normativa y administrativa: establece límites para la elaboración de reglamentos, fija requisitos formales de los actos (motivación, habilitación normativa, firma, identificación, recursos) y delimita la distinción entre actos de gobierno y actos administrativos. En la práctica, esto se traduce en mayor seguridad jurídica —las decisiones tienen que ir mejor justificadas— y en un marco más claro para la responsabilidad de los cargos públicos cuando sus decisiones se apartan de la legalidad. También ordena las relaciones entre administraciones, fomentando instrumentos de cooperación como convenios y acuerdos, y dejando reglas para evitar duplicidades competenciales.

No todo es perfecto: desde mi experiencia hay quien critica que, pese a clarificar muchas cosas, la aplicación práctica depende mucho de desarrollos reglamentarios y de la interpretación judicial. Además, la coexistencia con «Ley 39/2015» (procedimiento administrativo y administración electrónica) exige coordinación constante. Aun así, veo la ley como un intento sólido de modernizar y ordenar el entramado administrativo, con efectos positivos en la transparencia y en la capacidad de coordinar a distintos niveles institucionales.

Me apetece explicarlo de forma más directa y práctica: la «Ley 40/2015» organiza y aclara quién es quién dentro del sector público y cómo deben funcionar las administraciones entre sí. En pocas palabras, pone un marco común para identificar los distintos entes públicos (administraciones, organismos, sociedades, fundaciones), regula la creación y extinción de esos entes, y precisa reglas sobre la delegación y la representación.

También establece criterios claros sobre la validez de los actos y la jerarquía normativa: qué normas pueden dictar el Gobierno y los distintos órganos, cómo deben motivarse las decisiones y cuáles son los requisitos formales de los actos administrativos. Complementa a «Ley 39/2015», que se ocupa del procedimiento y de la administración electrónica, de modo que juntas intentan modernizar la actuación administrativa.

Desde mi punto de vista joven y práctico, el resultado es más seguridad jurídica y menos solapamiento entre administraciones, aunque la realidad administrativa sigue pidiendo ajustes y una buena dosis de interpretación judicial para resolver casos concretos. En resumen, la ley ordena, limita y aclara responsabilidades, y es una pieza clave para entender cómo se gobierna y se regula hoy en España.