¿Herri Batasuna Está Prohibido Actualmente En España?

Me sorprende lo mucho que cambia la narrativa cuando la miras desde un bar en Bilbao o desde una plaza pequeña en Navarra. Herri Batasuna nació a finales de los años setenta como una coalición de grupos nacionalistas de izquierdas que buscaban una respuesta política al franquismo y al asunto vasco desde la autodeterminación y la transformación social. En mi barrio recuerdo las pegatinas y los mítines; era una fuerza que mezclaba reivindicación cultural, sindicalismo y política municipal con un discurso muy crítico hacia el Estado español. Con los años se fue haciendo famosa por su cercanía (real o percibida) a la estrategia de ETA, lo que la condicionó política y judicialmente. Esa relación, real en algunos casos y debatida en otros, llevó a la polarización: para muchos era la voz política del independentismo radical; para otros, un grupo que no condenaba la violencia y por eso debía ser perseguido. Al final, esa ambigüedad provocó procesos de ilegalización y la aparición de nuevas formaciones que intentaron desvincularse del pasado. Me queda la sensación de que la historia de Herri Batasuna es una mezcla de compromiso social, errores estratégicos y heridas que todavía pesan en Euskadi.

No existe hoy en día «Herri Batasuna» como fuerza política activa bajo ese nombre; su historia quedó ligada a una época convulsa del País Vasco. En mis lecturas y visitas a manifestaciones de juventud, aprendí que HB fue una coalición independentista que surgió tras la Transición y que, con el tiempo, cambió de forma y nombre. Parte de su espacio político terminó agrupándose en formaciones posteriores que intentaron mantener la misma línea abertzale pero con distintas estrategias y etiquetas. Con el paso de los años el espacio que ocupó «Herri Batasuna» fue absorbido por otras siglas y coaliciones. Algunas de esas siglas —como «Batasuna»— fueron ilegalizadas por los tribunales españoles por su vinculación con «ETA», y más tarde aparecieron opciones legales como «Sortu» y la coalición «EH Bildu», que hoy compiten en elecciones. Personalmente me parece una mezcla de ciclo político e intento de normalización democrática: el nombre puede desaparecer, pero las ideas y el electorado se transforman y siguen presentes en otras formaciones.

Recuerdo las tardes en las que debatíamos en la facultad sobre «Herri Batasuna» y lo que representaba en los ochenta; ese recuerdo me obliga a explicarlo con calma. «Herri Batasuna» nació como la expresión electoral de la izquierda abertzale y se presentó como la voz política más rotunda del independentismo vasco dentro de las instituciones. Muchos la votaban porque quería un cambio radical en la relación con el Estado español: amnistía para presos, autodeterminación y una ruptura con las políticas centrales. Al mismo tiempo, para buena parte del Estado y de la opinión pública española, «Herri Batasuna» estaba estrechamente vinculada a ETA y se la veía como un apéndice político de la violencia armada; esa percepción generó marginación, controles judiciales y presión policial constantes. En la práctica, HB combinó presencia en ayuntamientos y foros autonómicos con movilizaciones callejeras y campañas sociales, y su discurso encendía debates intensos sobre la legitimidad de la resistencia, los límites de la protesta y la convivencia. Mi sensación ahora es que, más allá de posturas morales, su papel fue empujar la agenda del conflicto vasco hacia la política: obligó a hablar de presos, de identidad y de negociación, aunque lo hiciera desde una posición que para mucha gente resultaba inaceptable. Fue una influencia profunda y polémica, que marcó la década y dejó heridas difíciles de cerrar.

Recuerdo las discusiones animadas sobre la política vasca cuando era joven, y Herri Batasuna siempre era uno de los nombres que salían en las conversaciones. Entre las figuras más conocidas vinculadas a ese espacio político aparecen Telesforo Monzón, un veterano nacionalista que actuó como referente moral y fue cabeza visible en los inicios; Santiago Brouard, médico y político muy ligado a la izquierda abertzale, cuya muerte conmocionó al movimiento; y Arnaldo Otegi, que empezó a ganar protagonismo más tarde y pasó a ser una de las voces públicas más identificables del independentismo de izquierda. Hay que entender que Herri Batasuna no era tanto una estructura con un único líder personalista como una coalición y un movimiento con portavoces, cabezas de lista y cuadros locales que cobraban visibilidad según el momento y el territorio. Por eso aparecen muchos nombres según la época: portavoces en el Parlamento, alcaldes en municipios vascos o responsables de movimientos sociales que luego se vincularon a proyectos sucesores. Personalmente, creo que esa forma colectiva explica tanto su fuerza como las ambigüedades que le atribuyeron desde fuera: era difícil resumir su liderazgo en una sola persona.

Recuerdo vívidamente cómo se hablaba de Herri Batasuna en las sobremesas y en las asambleas del pueblo: para mucha gente era la voz política más clara del independentismo de izquierdas, y para otros era sinónimo de conflicto y polémica. Yo viví esos años adulto joven y puedo decir que su principal influencia fue politizar asuntos que antes se discutían solo en círculos cerrados: la lengua, la identidad y la autodeterminación llegaron con fuerza a la agenda pública gracias a su presencia electoral y sus movilizaciones. Además, no se puede separar su huella electoral de su impacto social. Ganaron concejalías y mayor presencia en instituciones locales, lo que les permitió implementar políticas culturales y sociales en municipios controlados por votantes abertzales. Al mismo tiempo, la relación (real o percibida) con ETA hizo que el Estado aplicara herramientas legales, como la Ley de Partidos, que terminaron por apartar a formaciones afines de la vida institucional. Eso cambió la dinámica política: abrió espacios de debate sobre cómo tratar el conflicto y, paradójicamente, radicalizó tanto a partidarios como a detractores. Mi impresión personal es que Herri Batasuna dejó una huella ambivalente: fortaleció el discurso nacionalista y, a la vez, contribuyó a la polarización que costó décadas en resolverse.

Me resulta imposible separar a «Viridiana» de la tormenta que provocó cuando salió; recuerdo leer sobre cómo abrió el Festival de Cannes y ganó la Palma de Oro, mientras que en casa —bajo la dictadura— fue vista como un escándalo moral. En mi cabeza de cinéfilo mayor se mezclan las imágenes del filme con los recortes de prensa sobre censura: la Iglesia y la policía cultural pusieron trabas, y muchas copias no circularon en España durante décadas. Hoy esa hoja de servicio me permite decir con tranquilidad que ya no está prohibida. Tras la caída del régimen y los cambios legales, la película se rehabilitó culturalmente: la verás en ciclos de cine clásico, en bibliotecas de filmotecas y en ediciones en DVD o plataformas que manejan catálogo clásico. No existe hoy un veto oficial que impida su proyección pública. Sigo yendo a esas proyecciones porque la fuerza de «Viridiana» no es solo su polémica, sino su cinematografía y su capacidad de incomodar de forma artística. Verla en una sala en España, hoy, tiene más que ver con la historia que con la ley vigente.

Me llama la atención que esta duda siga rondando porque, en la práctica, «La Biblia Satánica» no está prohibida en España. Yo lo diría desde el punto de vista de alguien que ha comprado libros raros en librerías de segunda mano y en tiendas online: el libro se encuentra con relativa facilidad, tanto en ediciones impresas como en formatos digitales, y no existe una ley que lo prohíba de forma general. La Constitución española ampara la libertad de expresión y de creación, y salvo que un texto incite directamente al delito, al odio o a la violencia, no suele entrar en la categoría de material prohibido. Dicho esto, conozco la otra cara: he visto debates en redes y en foros sobre responsabilidades editoriales y el impacto social de ciertos textos. Si un ejemplar promoviera la incitación al odio racial o a la violencia, podría ser objeto de sanciones bajo los artículos del Código Penal que tratan la apología de delitos, el enaltecimiento de terrorismo o la incitación al odio. Pero esos marcos legales no suponen una prohibición automática por el contenido filosófico o religioso polémico. En definitiva, no te preocupes por que te impidan comprar o leer «La Biblia Satánica» en España; más probable es que encuentres reacciones sociales, críticas o que alguna librería decida no venderlo por principios comerciales. Mi sensación personal es que la literatura polémica se regula más por el mercado y la opinión pública que por prohibiciones legales generalizadas.

Me interesa mucho cómo se define y se persigue el antisemitismo en España, porque toca derechos fundamentales y convivencia. El punto de partida es la Constitución: el artículo 14 garantiza la igualdad y prohíbe la discriminación por motivos como la religión o el origen, lo que marca la intención del Estado de proteger a las minorías. En el plano penal, el Código Penal contiene herramientas concretas; el artículo 510 tipifica conductas de odio y de incitación a la discriminación, el desprecio o la violencia contra grupos por motivos religiosos, étnicos o análogos. Además, el artículo 22 recoge circunstancias que agravan las penas si el delito se comete por motivos racistas, xenófobos o religiosos, de modo que lo antisemita suele considerarse un agravante que endurece la sanción. Más allá del Código Penal, el sistema funciona con medidas complementarias: la Fiscalía tiene directrices y unidades especializadas en delitos de odio, la policía cuenta con protocolos para investigar atentados o amenazas motivadas por prejuicio religioso, y existen vías civiles para reclamar daños y perjuicios. España además está sujeta a compromisos internacionales (instrumentos de la ONU y decisiones de la UE sobre racismo y xenofobia) que influyen en la interpretación y la obligación de perseguir estos delitos. En conjunto, veo un marco jurídico bastante claro: penas penales por actos de odio, agravantes por motivo antisemita y mecanismos administrativos y civiles para complementar la protección; aunque la eficacia siempre depende de investigación y denuncia, me parece que la normativa sí da herramientas reales para sancionar el antisemitismo.

Me resulta fascinante cómo una pregunta aparentemente simple abre una conversación amplia sobre identidad y costumbres. En la «Torá», específicamente en Levítico 11 y Deuteronomio 14, hay mandatos claros que prohíben comer animales que no reúnen dos características: tener pezuñas hendidas y rumiar. El cerdo tiene pezuña hendida pero no rumia, por eso es declarado impuro y su consumo queda prohibido para quien observa esas leyes. Hoy en día esa prohibición sigue vigente dentro del marco religioso: para judíos observantes, mantener la kashrut —las normas dietéticas— incluye evitar el cerdo por razones tanto religiosas como comunitarias. Pero la práctica varía según el camino espiritual de cada uno; hay muchas personas con herencia judía que no mantienen estas reglas y comen cerdo sin problema. Yo no intento imponer una respuesta única: veo la prohibición como una norma viva para unos y como una referencia cultural para otros, y esa diversidad también forma parte del panorama moderno.

Me resulta inquietante ver cómo se mezclan conceptos cuando se habla de la extrema derecha en España, así que voy al grano: hoy, el partido que más claramente encaja en esa etiqueta a nivel estatal es «Vox». Yo llevo siguiendo la política española desde hace años y he visto cómo pasó de ser un movimiento pequeño a convertirse en fuerza parlamentaria, con discursos muy marcados en nacionalismo, rechazo a la inmigración irregular, crítica a las autonomías y defensa de valores tradicionales. Esa combinación de populismo, identitarismo y retórica contra las élites es la que hace que numerosos académicos y medios le sitúen en la órbita de la extrema derecha. Al margen de «Vox», existen partidos mucho más pequeños y con menos presencia electoral que mantienen ideologías abiertamente ultranacionalistas o nostálgicas del franquismo: hablo de formaciones como Falange (y sus distintas escisiones), Democracia Nacional, «España 2000» o Alternativa Española. No suelen tener representación en el Congreso pero actúan en ayuntamientos muy concretos, en actos públicos y, a veces, en redes o manifestaciones. También existen grupos neonazis y violentos que no son partidos relevantes en urnas, pero sí preocupan por su actividad callejera. Es importante no confundir a la derecha conservadora con la extrema derecha: el Partido Popular se sitúa en el centro-derecha o derecha moderada, y aunque haya debates sobre su estrategia, la etiqueta de extrema derecha no encaja con su posición institucional. Personalmente, me preocupa la normalización de ciertos discursos y por eso procuro informarme y contrastar fuentes antes de formarme una opinión definitiva.