Utilitarismo

Me gusta pensar en el utilitarismo como una lupa que intenta medir cuánto bien genera cada decisión para el mayor número de personas posible.

En esencia, el utilitarismo sostiene que una acción es moralmente correcta si produce la máxima felicidad o bienestar agregado y minimiza el sufrimiento. Hay matices: el utilitarismo de acto evalúa cada decisión caso por caso, mientras que el utilitarismo de regla apuesta por seguir normas que, en general, produzcan el mayor bien. Eso genera debates: ¿se puede sacrificar a uno para salvar a muchos? ¿Cómo valoramos el bienestar de distintos grupos?

En España veo ejemplos claros: las campañas de vacunación masiva, la respuesta sanitaria durante la pandemia y los criterios de priorización cuando los recursos eran escasos son decisiones con sabor utilitarista. También la normativa que fomenta la donación de órganos —el sistema de trasplantes en España, inspirado por el modelo de consentimiento presunto en algunas comunidades— busca el mayor bien colectivo. Incluso leyes como la prohibición de fumar en interiores o los límites de velocidad se justifican por reducir daños y aumentar el bienestar general. Personalmente, me atrae la claridad pragmática del utilitarismo, aunque sé que en la práctica choca con derechos individuales en casos dolorosos.

Me llama la atención cómo en España las críticas al utilitarismo suelen mezclarse con recuerdos culturales y debates políticos que llevan décadas en marcha.

Yo suelo leer a Ortega y Gasset y a Unamuno cuando pienso en esto: su énfasis en la singularidad del individuo y en la dignidad personal choca frontalmente con una ética que mide todo en unidades de bienestar agregado. Desde mi experiencia vital, eso se traduce en rechazo a soluciones que sacrifiquen a minorías por el bien de la mayoría; aquí la historia reciente —la memoria de la Guerra Civil y la dictadura— hace que muchos sean especialmente sensibles a cualquier cálculo que parezca instrumentalizar vidas.

Además, hay una influencia clara de la tradición católica y del pensamiento comunitario que valora el cuidado, la solidaridad y los lazos familiares, aspectos que un utilitarismo puro puede pasar por alto. Me resulta reconfortante que exista una discusión pública donde se recuerde que las políticas no pueden reducirse a números, porque, al final, la justicia y la memoria importan tanto como la eficiencia.

Con la paciencia que dan los años, me gusta seguir los hilos históricos para ver quiénes trajeron ciertas ideas a España. Si hablamos del utilitarismo, el nombre que siempre aparece es Gumersindo de Azcárate: en el siglo XIX fue una de las voces más claras que introdujo y defendió principios utilitaristas aplicados a la reforma legal y social, pensando en el mayor bienestar posible como guía para las políticas públicas. Leer sus artículos permite ver cómo trasladaba esa filosofía a problemas concretos de justicia social y educación.

Al mismo tiempo, hay figuras como Rafael Altamira que, aunque son más conocidos por su trabajo jurídico e internacionalista, incorporaron argumentos pragmáticos y consecuencialistas en sus propuestas. Y en el siglo XX José Ferrater Mora discutió el utilitarismo con profundidad; no siempre de manera acrítica, pero sí reconociendo sus aportes y recurriendo a argumentos utilitarios en debates éticos. En mi opinión, España nunca fue un bastión de utilitarismo puro, pero sí hubo pensadores que defendieron o reinterpretaron sus ideas para nuestro contexto, sobre todo en ámbitos legales y reformistas.

Siempre me han fascinado los debates morales que plantea el utilitarismo y en España tienes acceso a una mezcla muy rica entre clásicos y libros contemporáneos traducidos al castellano.

Si quieres empezar por lo fundamental, no puedes dejar pasar a Jeremy Bentham y su «Introducción a los principios de la moral y de la legislación» (a menudo aparece en ediciones con títulos variados en español). Es el punto de partida histórico: te explica la lógica de maximizar el placer y minimizar el dolor. Después conviene leer a John Stuart Mill: «El utilitarismo» y «Sobre la libertad» son complementarios para entender las objeciones y matices, como la calidad de los placeres y la protección de las libertades individuales.

Para dar el salto a la discusión contemporánea, Henry Sidgwick con «Los métodos de la ética» ofrece rigor filosófico y plantea la tensión entre intuición moral y cálculo racional. Más accesibles y útiles para aplicaciones prácticas son Peter Singer con «Ética práctica» y «La vida que puedes salvar», que acercan el utilitarismo a temas como el sufrimiento animal y la pobreza global. Roger Crisp también escribió una excelente introducción moderna sobre utilitarismo que suele encontrarse traducida; y si quieres contraste, lee a Bernard Williams para entender críticas potentes desde la moral común. En mi experiencia, alternar un clásico con una lectura aplicada (Singer) ayuda a ver la teoría y la práctica en diálogo y deja una impresión duradera sobre hasta qué punto el utilitarismo puede remodelar nuestras prioridades.

Me llama la atención cómo el utilitarismo aparece en debates públicos sin que la gente pronuncie la palabra: se nota en las decisiones de qué hospitales financiar, qué carreteras abrir y cómo priorizar ayudas sociales. Yo lo veo cada vez que escucho a políticos justificar recortes o inversiones diciendo que buscan "el mayor bien para el mayor número"; ahí está la idea utilitarista, aunque a menudo empaquetada en lenguaje técnico sobre coste-beneficio.

En España eso choca con la estructura autonómica: lo que maximiza el bienestar en Madrid puede no hacerlo en Galicia o Andalucía, y los gobiernos en coalición acaban negociando compensaciones que no son puramente utilitarias sino producto de equilibrios políticos. Además, tras la pandemia el debate sobre prioridades sanitarias puso en evidencia herramientas utilitarias —como el cálculo de años de vida ajustados por calidad— y también sus límites prácticos y éticos.

Me resulta difícil aceptar una mirada exclusivamente utilitarista porque ignora a menudo las minorías y los derechos fundamentales; aun así, reconozco su utilidad técnica para tomar decisiones complejas con recursos limitados. Al final prefiero una mezcla: usar criterios utilitarios para evaluar consecuencias, pero acompañarlos de principios de justicia que protejan a quienes podrían perder en el cálculo agregado.

No puedo dejar de pensar en cómo varias películas españolas convierten el cálculo moral en tensión pura, y eso me encanta porque me obliga a debatir conmigo mismo.

En «Mar adentro» la discusión sobre la eutanasia toca directamente la noción utilitarista: la elección parece centrarse en minimizar el sufrimiento y maximizar bienestar (o alivio) para el protagonista y los más cercanos. La película no da respuestas fáciles, pero ejemplifica el dilema de priorizar consecuencias frente a mandatos absolutos. También me viene a la cabeza «El método», donde una empresa somete a un grupo a pruebas frías; allí se percibe una lógica utilitaria aplicada a la selección y al rendimiento: decisiones que favorecen al conjunto empresarial aunque dején a alguien atrás.

Además, en «El laberinto del fauno» el capitán Vidal justifica actos crueles por un bien mayor —la «orden» y la victoria—, lo que expone la versión autoritaria del consecuencialismo. Y en «Celda 211», las negociaciones y los sacrificios durante el motín muestran cómo, en situaciones extremas, las personas calculan el menor mal posible. En resumen, estas películas me dejan pensando en cuánto pesa cada vida en el balance final y en lo difícil que es medir el «mayor bien» sin rompernos por dentro.

Recuerdo la primera discusión seria que tuve sobre Rawls en una tertulia improvisada con gente que venía de distintas lecturas; ahí es cuando entendí por qué su crítica al utilitarismo cala tan hondo. En «Una teoría de la justicia» Rawls plantea que el utilitarismo, al sumar placeres o bienes, puede justificar sacrificar a algunos individuos si eso aumenta el bienestar total. Eso choca con la intuición de que ciertas libertades y derechos no se deben pisotear por el bien mayor.

Además, Rawls propone la idea de la posición original y el velo de la ignorancia: si no supieras tu lugar en la sociedad, elegirías reglas que protegieran las libertades básicas y minimizaran el daño a los más desfavorecidos. De ahí salen sus dos principios, con prioridad lexicográfica sobre las desigualdades económicas. Para mí esa imagen del velo explica por qué su crítica al utilitarismo no es solo técnica, sino moral: cuestiona la permisividad de sacrificar personas en nombre del agregado. Me dejó pensando que la justicia tiene que respetar la separación entre individuos, no tratarlos como simples sumandos en una cuenta.

Recuerdo leer «Modern Moral Philosophy» de Anscombe en una tarde lluviosa y quedarme pegado a cómo desmontaba ideas que yo daba por sentadas.

Ella atacó al utilitarismo desde varios frentes: decía que esa ética mira solo las consecuencias y olvida lo que hace a una acción realmente moral, como las intenciones y el carácter del agente. Para Anscombe, decir que algo está «obligatorio» sin tener una teoría clara de la obligación (ella pensaba que ese concepto solo tenía sentido dentro de una idea de ley moral o de un legislador) es usar palabras vacías. En palabras simples, si tu ética dice que está bien sacrificar a un inocente porque el resultado favorece a la mayoría, entonces algo falla en la concepción misma de lo moral.

Además me gustó cómo resaltó el efecto dañino sobre la psicología moral: el utilitarismo, al priorizar cálculos de beneficio, puede convertir a las personas en meros optimizadores, dispuestos a mentir, traicionar o lastimar si «el total» sale mejor. Anscombe no solo criticó; propuso volver a una ética basada en virtudes y en lo que hace a una acción buena en sí, retomando ideas aristotélicas y tomistas. Esa llamada a repensar la base del lenguaje moral me pareció profunda y necesaria.

Al terminar, me quedé con la sensación de que la crítica de Anscombe no fue solo técnica: fue un recordatorio de que la moral no es solo sumar resultados, sino cuidar de intenciones, promesas y del tipo de persona que queremos ser.

Me parece que el choque entre relativismo y universalismo en España se nota en cada tertulia y en cada ley que se discute en el Congreso. Yo lo veo como alguien de mediana edad que ha vivido cambios sociales rápidos: hay heridas históricas, identidades regionales muy fuertes y, al mismo tiempo, un compromiso con derechos que la comunidad internacional considera innegociables. Ese tira y afloja aparece en temas como la memoria histórica, la gestión de la lengua, las políticas de inmigración y las medidas sobre igualdad de género. No es solo teoría; son conflictos concretos entre grupos que reclaman respeto a sus particularidades y voces que piden normas comunes para proteger a las minorías y evitar regresiones. Creo que la mejor forma de entender la tensión es no reducirla a un enfrentamiento binario. El universalismo protege derechos humanos básicos: libertad de expresión, no discriminación, derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, estándares judiciales que evitan abusos. Pero si el universalismo se impone sin sensibilidad hacia contextos culturales y realidades locales, puede generar rechazo y polarización. Por eso defiendo una mezcla: mínimos universales garantizados por la ley y por acuerdos internacionales, acompañados de procesos deliberativos que permitan ajustes culturales legítimos siempre que no violen esos mínimos. Al final soy optimista sobre la capacidad de España para negociar estos dilemas; hemos visto avances sociales enormes en pocas décadas. Mi impresión es que la política eficaz será la que combine protección firme de derechos con capacidad para construir consenso y explicar por qué ciertas normas son imprescindibles. Esa mezcla realista y empática es lo que me convence más para avanzar sin fracturas profundas.